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PILAR BESADA Y J.L. AGUIAR

La política de "reducción de daños" que se aplica en Uruguay ante el explosivo fenómeno de la pasta base no ha mostrado resultados que la avalen; no conforma al Presidente ni a los familiares de los adictos.

La estrategia de la Junta Nacional de Drogas se da de bruces con el drástico enfoque que tiene el presidente José Mujica sobre el tratamiento de los adictos, va a contramano de las políticas que promueve la ONU, y parece ignorar las propias estadísticas que publica la Junta que delatan lo que ocurre en las calles: el consumo de drogas en Uruguay no ha dejado de crecer desde el año 2001.

"La Junta Nacional de Drogas es un gran holograma; nadie sabe para qué está", afirmó Rocío Villalba, vocera de la agrupación Madres de la Plaza que nuclea a familiares de adictos a la paste base.

De acuerdo con el informe del Observatorio Uruguayo de Drogas, 26.700 personas componen el universo de consumidores de pasta base en nuestro país. Un 12,2% de la población entre 12 y 65 años ha consumido marihuana alguna vez en su vida, según datos de 2006 (los más actuales): ese porcentaje representa un crecimiento del 147% en comparación con el año 2001. Un 4% de esa población admitió haber consumido cocaína en 2006: casi el triple que en 2001.

Si se comparan en el marco de la región, las cifras son más llamativas. De acuerdo con el Informe Mundial de Drogas 2009 de la ONU, Uruguay es el segundo país de América del Sur con mayor consumo juvenil de hierba de cannabis en relación con la población, por detrás de Chile. Ocupa el tercer lugar si se toma en cuenta la población de 15 a 64 años.

En cuanto al consumo anual de cocaína y pasta base de cocaína, Uruguay ocupa también el segundo lugar del continente en relación con su población, por detrás de Argentina.

En varios países que han aplicado políticas estrictas, y a veces extremistas, para combatir la droga, el Informe Mundial de ONU constata un descenso de consumo de hierba de cannabis, cocaína y subproductos. En Uruguay, en cambio, lo que se constata es un problema creciente.

El italiano Antonio María Costa, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ha expuesto en varias oportunidades su convicción de que "los países que mantienen políticas inadecuadas, tienen el problema de droga que se merecen".

CON SUMO CUIDADO. El jueves pasado, en la primera sesión de la Junta Nacional de Drogas (JND) con sus nuevas autoridades, hubo una exhibición de complacencia con la línea de trabajo iniciada en la anterior gestión, al punto que el Secretario General del organismo, Milton Romani, detalló que la tarea para este nuevo período se concentrará "en el afianzamiento de las líneas ya conquistadas". Dos de las ideas que planteó son la de "habilitar un debate nacional sobre el alcance del consumo abusivo de drogas" y la creación de "centros de amparo barriales" que den atención a personas con problemas de adicción.

El "debate nacional" de un tema que lleva cinco décadas debatiéndose en el resto del mundo recuerda a un chiste de dos bomberos que se enfrascan en una discusión sobre las causas de los incendios forestales mientras arden los bosques a su alrededor.

La multiplicación de los centros barriales que promueven la "reducción de daños" y la "inclusión social" del adicto no parece basarse en los resultados que arrojan los tratamientos en el principal centro público uruguayo: el denominado Portal Amarillo.

"No, no tenemos estudios de resultados", afirmó Juan Triaca, director técnico del centro, cuando fue consultado al respecto por El País.

Rocío Villalba, una de las madres sólo puede hacer una evaluación personal de los resultados del Portal Amarillo: "No sirve", afirma. Pone como ejemplo su propio hijo. Varias veces se ha internado por propia voluntad en el Portal, y lo ha abandonado cuando vuelve a experimentar deseos de consumir pasta base. "Entra y sale, entra y sale, y sigue en la droga", afirma Villalba.

"Si un chico finalmente accede a internarse y la madre llama al Portal, te toman los datos y te llaman a la semana siguiente, para agendar una consulta para el mes siguiente. El chico tiene que tener la cédula y todos los documentos en regla. Eso es desconocer de qué estamos hablando. El adicto vende hasta los calzoncillos, no tiene nada, y menos la cédula. Los que están en la calle venden todo", sostuvo Isabel, otra de las madres consultadas que prefirió omitir su apellido.

Una de las más visibles iniciativas de la JND en su anterior gestión se concretó en la campaña "Consumo cuidado", para la cual se distribuyeron curiosos folletos educativos. "Debemos aprender a relacionarnos con (las drogas) de manera saludable", reza uno ilustrado con viñetas para enseñar a armar un "porro".

Esta campaña, que se enmarca en la teoría de "reducción de daños" que aplica la JND con respecto a la droga, ha indignado a las Madres de la Plaza: "Es como que digan `drogate, pero con cuidado`, con lo que representa ese problema para las familias que lo sufren", afirma María Rodríguez, quien entiende que "lo peor es que acá el consumo de pasta base se concibe como un derecho de la persona".

A LA FUERZA. Esta semana, coincidiendo con la sesión de la JND, el presidente José Mujica reiteró su interés de procurar la internación obligatoria de los adictos en una entrevista con el semanario Búsqueda. A los adictos, dijo, "hay que sacarlos del medio ambiente y tenerlos un poco aislados", dijo.

En mayo del año pasado, en plena campaña política para las elecciones internas, Mujica mencionó la posibilidad de hacer modificaciones jurídicas para internar obligatoriamente a los drogadictos, pero tuvo poco eco.

Los integrantes de la Juventud Socialista, que favorecen legalizar la marihuana, dijeron que "el planteo de Mujica profundiza una política prohibitiva y punitiva del Estado en torno al tema de las drogas".

Allegados al presidente afirmaron que el asunto de la pasta base sensibiliza especialmente a Mujica, porque desde hace varios años, durante sus recorridas por barrios carenciados, muchas madres de adictos se le acercaban, desesperadas, para plantearles la falta de respuestas del Estado para atender a sus hijos. Incluso, una madre le contó cómo un hijo de 18 años se suicidó a raíz de la adicción a la pasta base, y que no quería que su otro hijo, de 15 años, también adicto, corriera la misma suerte.

PORTAL AMARILLO. La internación obligatoria y compulsiva está en las antípodas del modelo de atención que tienen la JND, el Portal Amarillo y otros centros públicos uruguayos, que ponen como condición para la recuperación que los adictos demuestren que realmente tienen la voluntad de salir de las drogas.

"Eso con la pasta base es insostenible", señaló una de las Madres de la Plaza.

Desde que abrió en junio del 2006, han pasado 2.200 pacientes por el Portal, de los cuales 700 estuvieron internados. Según los directores del servicio, el 90% consulta por consumo de pasta base, y son mayormente jóvenes.

La internación se realiza durante un promedio de 2 y 3 semanas y es "para las personas que no pueden desintoxicarse de forma ambulatoria", según la directora, Susana Grunbaum. Luego pasan al tratamiento ambulatorio. "Este es el tratamiento que nosotros creemos que tiene más efectividad", ya que, "la persona tiene que poder manejarse con su vida cotidiana", afirmó.

Según Rocío Villamil, el tiempo de internación en el Portal Amarillo es insuficiente. "Con suerte estás un mes y medio. El cuerpo demora seis meses en eliminar la sustancia (la pasta base) y hay que esperar un año para evaluar el daño cerebral", dijo.

Para Villamil, "el drama" para los adictos a la pasta base "es que no hay manera de obligarlos a ir a los centros de rehabilitación".

Las Madres de la Plaza recuerdan cómo insistieron para que el Portal Amarillo tuviera un teléfono de urgencia las 24 horas. "Al final lo pusieron, pero fuera del horario te atiende un contestador", comentó una madre.

El horario de atención del Portal es de lunes a viernes de 9 a 17 horas.

POCAS CAMAS. Otra de las grandes carencias de la atención para drogadictos es la falta de centros y camas para la rehabilitación. En total, los expertos señalan que no hay más de 200 camas en todo el país.

El Portal Amarillo, que tiene 20 camas (se ampliarán a 32 en el futuro), atiende únicamente a los usuarios de ASSE. Para estos también está la opción del centro Casabierta, recientemente inaugurado en Artigas, con 10 camas que prevén aumentar a 30. En Maldonado, el centro de tratamiento El Jagüel cuenta con 15 camas.

Los episodios más agudos de los usuarios de ASSE se tratan en el Hospital Maciel, que tiene cuatro camas, y para los menores de edad hay un centro del INAU, en San José, con 20 camas. Además el INAU hace convenio con tres centros de rehabilitación privados, en los que actualmente están internados 15 menores a través del instituto estatal.

Los trabajadores afiliados a las mutualistas están más desprovistos aún. Según el presidente de la Junta Nacional de la Salud (Junasa), Luis Enrique Gallo, actualmente las mutualistas sólo tienen la obligación de brindar "apoyo multidisciplinario, que no está muy explícito cómo se da, y el apoyo telefónico ante la consulta de familiares de drogadictos para ver cómo manejarse". Las mutualistas no tienen obligación de dar medicación ni rehabilitación a los drogadictos. Además, según Gallo, incluso el apoyo telefónico "algunas instituciones lo tienen y otras no, y la Junta de Drogas no supervisa si se cumple o no el contrato". En cuanto a los centros privados, cuyo costo oscila entre los $ 13.000 y $ 40.000 mensuales, la atención se brinda en nueve instituciones. La Fundación Manantiales tiene 70 camas; el centro Dianova, 50; la institución Izcali, 20. El debate sobre cómo enfrentar a la droga está abierto.

26.700 Son los consumidores de pasta base en el país según el último estudio, de 2006. En 2001 eran tres veces menos.

147% Es lo que creció el consumo de marihuana entre 2001 y 2006 para la población de entre 12 y 65 años.

PENA CAPITAL. En 1985, la pena capital por delitos vinculados con drogas estaba vigente en 22 países. En 1995, el número aumentó a 26. A finales del año 2000, eran 34 los países que contemplaban la pena capital en su legislación; entre otros, Singapur, Malasia, China, Vietnam, India, Arabia Saudita, Emiratos e Irán.

PRISIÓN. La tenencia o consumo conlleva castigos que van desde la rehabilitación forzosa hasta la pena de prisión en Suecia, EE. UU. y la mayoría de países asiáticos.

REHABILITACIÓN. La legislación de Singapur (Misuse of Drugs Act) impone la rehabilitación forzosa del consumidor y penas de hasta 5 años de prisión por recaídas.

Según un estudio del Portal Amarillo, de los 126 primeros pacientes del lugar, asistidos en 2006, el 25% había intentado suicidarse, y la mitad tenía un trastorno psiquiátrico.

El 94% del total había acudido al centro por la adicción a la pasta base.

Además, el 65% había delinquido, y solo el 15% lo había hecho antes de comenzar a consumir la droga. Además, predominaban los robos dentro del hogar.

Por otra parte, casi la mitad de los casos estudiados tenía un familiar con historia de consumo de drogas. El 86% de los que consultaron eran hombres.

En cuanto a los intentos de autoeliminación, el estudio señala que se producen "tanto durante la intoxicación como en la abstinencia, particularmente durante la disforia postconsumo".

En el consumo de pasta base se reconocen cuatro fases clínicas: la euforia, la disforia (estado opuesto), alucinaciones y psicosis paranoide. El consumo se caracteriza por el predominio de la angustia y por una fuerte compulsión a consumir más droga. Un indicio del consumo activo de pasta base es la marcada reducción del peso corporal.